En resumen
Tres trámites que se confunden a menudo y que responden a tres preguntas distintas: el idioma, la autenticidad y el reconocimiento en el extranjero.
La traducción: una cuestión de idioma
La traducción hace que un documento se entienda en el idioma que se pide. Según la institución, puede bastar una traducción simple, o puede exigirse una traducción hecha por un traductor o intérprete autorizado.
La legalización: una cadena de verificaciones
La legalización confirma la autenticidad de la firma y del sello de la autoridad que emitió el documento. Se usa sobre todo con países que no forman parte del Convenio de la Apostilla, y puede pasar por varias autoridades, entre ellas el consulado del país de destino.
La apostilla: un certificado único
Entre los países que aplican el Convenio de La Haya de 1961, la apostilla reemplaza la legalización con un certificado único. En la República Dominicana, la autoridad competente es el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).
Ni la legalización ni la apostilla validan el contenido del documento: confirman su origen.
¿En qué orden?
No hay un orden universal. Según el país de destino, a veces se apostilla el original antes de traducirlo, o también hay que certificar la traducción. El orden suele ser la razón por la que hay que rehacer un expediente: revíselo antes de empezar.
Las preguntas que debe hacerse
- ¿En qué país y para qué institución se usará el documento?
- ¿Ese país aplica el Convenio de la Apostilla?
- ¿Qué idioma y qué tipo de traducción exige la institución?
- ¿Quién emitió el documento? En principio, lo apostillan o legalizan las autoridades de ese país.
Próximos pasos
- Pida a la institución que recibirá el documento sus requisitos exactos, por escrito si es posible.
- Revise que sus documentos originales sean recientes y legibles.
- Hablemos del orden de los trámites antes de pagar traducciones.
Fuentes oficiales
Esta información es general. Los trámites y los documentos varían según su situación y las instrucciones de las autoridades competentes. Las decisiones sobre visas o residencia corresponden a esas autoridades.